El pasado 5 de noviembre Amnistía Internacional Venezuela llevó a cabo en Caracas un encuentro de activistas para identificar los problemas que afectan a las minorías sexuales en ese país y consolidar una estrategia dirigida a solventarlos.
“Venezuela no puede presumir de haber abolido la llamada ‘homofobia de Estado’, ya que a pesar de no existir legislación que penalice la diversidad sexual, tampoco ha realizado las acciones necesarias para el reconocimiento de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero como sujetos plenos de derecho. Por lo que lograr el avance hacia la protección y garantía efectiva de los Derechos Humanos de la comunidad GLBT constituye un reto”. De esta forma expresaba el comité organizador en nota de prensa la finalidad del encuentro “Activistas por los Derechos Humanos LGBT: Hacia la implementación de los Principios de Yogyakarta”, con el lema “La diversidad es natural”.
Víctor Molina, de Amnistía Internacional Venezuela, señaló que en el país existen múltiples ONG que luchan por los derechos humanos de la comunidad GLBT, pero sin una estrategia concreta a desarrollar. “Algunos consideran primordial que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que otros piensan que en principio hay que luchar por el derecho al trabajo”, añadió.
El encuentro se centró en los Principios de Yogyakarta, documento presentado en marzo de 2007 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que exige la aplicación del derecho internacional en relación a la orientación sexual y a la identidad de género. “En nuestro país, si bien practicar la homosexualidad no conlleva a morir en la horca (como en Irán) o padecer de cadena perpetua (como en Guyana), una pareja de homosexuales no puede pedir un crédito en conjunto ni legalizar su unión, asimismo, la Ley Orgánica de Registro Civil tampoco permite al individuo cambiarse el nombre de acuerdo a su apariencia física o su identidad de género”, señalaba la nota de prensa.